Hoy la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado en Cádiz el balance migratorio en la Frontera Sur durante el año 2014, que elabora anualmente y que posteriormente se incluye en el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur.
El balance aborda las cifras globales de llegada de inmigrantes a nuestro país, que han sufrido un notable incremento en 2014, la distribución geográfica, los métodos de entrada, el género y menores, así como el origen de los inmigrantes. También las cifras de personas que, en el intento de llegar a España, han perdido la vida.
Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de APDHA, ha comenzado su intervención señalando que en 2014 se ha producido un incremento muy importante de llegadas por la frontera sur, de casi un 50% más respecto al año anterior. Este número se explica por las entradas a través de la valla de Melilla, que han sido de casi 2.500 personas, y por las llegadas a Cádiz en el mes de agosto.
Las llegadas masivas que se produjeron del 5 al 13 de agosto en Cádiz fueron fruto de la noticia difundida por el Gobierno marroquí, entre los subsaharianos que malviven en barrios en las afueras de Tánger, de la interrupción de la vigilancia durante esos días. Esto produjo que se acabaran las existencias de balsas de juguete.
“Peros estos datos no suponen ni una avalancha ni una invasión, es sólo un pequeño porcentaje de las entradas que se producen en toda Europa; ACNUR da la cifra de 207.000 entradas en el continente europeo en el año 2014”, ha apuntado Rafael Lara.
En segundo lugar, detectamos un incremento del número de mujeres y de menores, sobre todo si descontamos las llegadas por Ceuta y Melilla, donde acceden casi exclusivamente hombres. Importante también es el aumento de personas argelinas que entran fundamentalmente por Ceuta y Melilla. De otras nacionalidades, destacamos los sirios, que huyendo de una terrible guerra y después de vivir una odisea, entran por Ceuta y Melilla con pasaporte marroquí o camuflados entre los subsaharianos.
“Con respecto al número de fallecidos, desde la APDHA queremos señalar que nuestros datos son casi con total certeza inferiores a la realidad. A los gobiernos no le interesa investigar sobre estos temas, sólo interesa a las ONG y a entidades de la sociedad civil. Por eso es sorprendente que con todas las vulneraciones de DD.HH. que están cometiendo los Estados implicados sólo se hayan producido 131 muertes”
Para concluir, Diego Boza, delegado de la APDHA en Cádiz, ha señalado 4 aspectos muy significativos de vulneración de derechos de las personas migrantes en la frontera sur en 2014:
– La mal acogida que han tenido los sirios y sirias que han huido de una devastadora guerra en su país. Se les ha mantenido encerrados en Ceuta y Melilla, sin posibilidad de desplazarse a la península, lo cual vulnera la Ley de asilo española y la Convención de Ginebra.
– Las mentiras y manipulación por parte del Delegado del Gobierno en Ceuta, del Director General de la Guardia Civil y del Ministro del Interior con respecto a los hechos acontecidos en Ceuta el 6 de febrero. Sólo la actuación de la prensa y de las organizaciones independientes han logrado desvelar la realidad del atropello de los Derechos Humanos que ha supuesto la muerte de 15 personas sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad. Incluso la juez de Ceuta ha trasladado el asunto a la Audiencia Nacional. Esto es un síntoma de la descomposición democrática que vivimos.
– Con respecto a Melilla, el Gobierno sigue vulnerando su propio ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales a través de las devoluciones en caliente. En contraste con la juez de Ceuta, la justicia en Melilla ha estado investigando activamente y ha imputado a mandos de la Guardia Civil por estas prácticas.
– Por último, queremos poner de relieve el trato que sufrieron los migrantes que llegaron a Cádiz el mes de agosto, los cuales estuvieron retenidos más de 72 horas en polideportivos. Aunque algunas organizaciones, como la APDHA, recurrieron contra esta vulneración de derechos, la justicia aceptó este tipo de prácticas, a pesar de que superan el límite de privación de libertad establecido en la Constitución para las detenciones.
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